El gobernador bonaerense presentó ante intendentes y legisladores el proyecto de presupuesto para el año próximo, que asciende a 43 billones de pesos e incluye un pedido de endeudamiento que considera “clave” para garantizar el funcionamiento de la provincia.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezado por Axel Kicillof presentó un ambicioso paquete de leyes para el ejercicio 2026, que incluye el proyecto de presupuesto por aproximadamente 43 billones de pesos, junto con la Ley Fiscal Impositiva y una solicitud de autorización para tomar endeudamiento externo.
El ministro de Economía provincial, Pablo López, fue el encargado de realizar la exposición técnica ante la Legislatura. Según explicó, el pedido de endeudamiento no es un accesorio sino una condición central para que la provincia pueda hacer frente a los vencimientos de deuda y mantener el funcionamiento de sus servicios. «Necesitamos particularmente la ley de financiamiento —dijo Kicillof— porque si no disponemos de las autorizaciones, los vencimientos van a recaer sobre el presupuesto general».
Entre los números adelantados, se contempla una inversión de capital por unos 3,2 billones de pesos, con obras públicas como eje del plan. Se destinan además montos relevantes para políticas sociales: cerca de 1,7 billones para alimentación de sectores vulnerables, otro tanto para el sistema de salud, y alrededor de 1,3 billones para educación. También se incluye una partida de 1,4 billones para seguridad y sistema penitenciario, más un desembolso de unos 60 mil millones de pesos para actividades productivas.
Por otro lado, Kicillof aprovechó la presentación para denunciar lo que llamó un “robo” por parte del Estado nacional hacia la jurisdicción bonaerense en términos de fondos. Aunque la discusión central gira en torno al presupuesto, el guiño hacia la deuda y la exigencia de financiamiento muestran el escenario que asume el gobierno provincial de cara a 2026.
El Ejecutivo bonaerense solicitó celeridad en el tratamiento legislativo del proyecto, dado que una demora podría comprometer la ejecución normal de los servicios públicos, sostuvo la administración.