La Universidad Nacional del Sur anunció que iniciará acciones judiciales —de forma autónoma— para impugnar el decreto presidencial que suspende la aplicación de la Ley 27.795. La vicerrectora Andrea Castellano sostuvo que el Ejecutivo incurre en discrecionalidad al desvincular recursos ya previstos.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) resolvió avanzar con una presentación judicial para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso como Ley 27.795 y suspendida por decreto del Poder Ejecutivo.
La vicerrectora Andrea Castellano confirmó que la acción se realizará de forma individual por cada universidad, aunque con fundamentos jurídicos comunes, con el objetivo de reforzar el reclamo del sistema universitario nacional.
“La decisión de avanzar por la vía judicial ya está tomada”, señaló Castellano, quien explicó que la presentación simultánea de varias universidades “le dará fuerza al reclamo”.
Según la funcionaria, el argumento del Gobierno sobre la falta de fondos no justifica la suspensión de la norma, ya que el financiamiento estaba previsto en el presupuesto mediante recursos coparticipables e impuestos ya existentes. En cambio, el decreto otorga al Ejecutivo la facultad de decidir discrecionalmente qué partidas destinar.
El Consejo Superior de la UNS aprobó encomendar al rector el inicio de las acciones judiciales necesarias “para exigir la efectiva implementación de la Ley 27.795 y resguardar los derechos de la Universidad Nacional del Sur y de sus trabajadoras y trabajadores”.
La UNS se suma así a otras universidades públicas del país que evalúan medidas similares para cuestionar la suspensión de una ley que consideran clave para garantizar la previsibilidad del financiamiento del sistema universitario argentino.